POLITICA

25 - Oct -2021 - 18:20

MAÑANA MARTES, LA JUSTICIA IMPUTARÁ AL DIRECTORIO DE VICENTIN POR ESTAFA

Mañana martes, el fiscal de la ciudad de Rosario, Miguel Moreno, pedirá la imputación por el delito de "estafa" a todo el directorio que condujo a la empresa Vicentin a la cesación de pagos. Entre los acusados se encuentran: el CEO Máximo Padoan (hijo de Alberto Padoan), Roberto Gazze, el ex síndico Omar Scarel, que desde hace un año preside la compañía, entre otros. La audiencia será celebrada en el Centro de Justicia Penal rosarino, y el punto central rondará en el falseamiento económico y financiero a través de registros irregulares. Según planteará el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Vicentin no exhibía en sus balances la deuda comercial generada por operaciones, en las que el precio se determina con posterioridad a la entrega de los granos. Moreno, titular de la Unidad de Delitos Económicos, siguió la pista de una denuncia realizada por bancos extranjeros, el Macro y acreedores comerciales (entre ellos, la corredora del vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario). Todos aseguraron haber sido estafados en la etapa previa al anuncio de "estrés financiero" de la agroexportadora, por un monto cercano a los U$S 600 millones. El fiscal fue recolectando pruebas que le permitieron determinar la imputación que hará al final y deslindar las responsabilidades individuales. En total serán 14 los acusados: en ese grupo está el directorio del período previo al default (presidente y vice, directores titulares y síndicos), pero también accionistas que cumplieron funciones en la gestión comercial y que emitieron certificados de compliance ajenas al directorio. Roberto Gazze se desempeñaba como responsable financiero, rubricó el último de los balances trimestrales que Vicentin presentó a los bancos extranjeros (en julio de 2019), en el que aseguraba contar con activos corrientes que superaban en un 80% sus pasivos corrientes. Mientras que Máximo Padoan era el encargado de las relaciones con el mercado. Para la fiscalía existen elementos suficientes para la imputación de estafa, ya que tanto en el caso de los bancos como en el de los acreedores comerciales se manejó una lógica similar -el ocultamiento de la realidad económica y financiera-, aunque las maniobras para llevarla a cabo fueron diferentes. En tanto, los auditores forenses que participaron del concurso de acreedores, integrado por el estudio porteño Arnaud Iribarne y Asociados y la internacional Deloitte, determinaron en un informe que, "las toneladas calculadas bajo la modalidad de precio a fijar resultaron ser muy superiores a las reflejadas en los estados contables". Tal es así que entre 2017 y 2018 la firma omitió registrar pasivos por U$S 858 millones. En relación a los acreedores comerciales, para la Fiscalía la estafa se concretó abusando de la confianza de los productores, acopios y corredores, a quienes Vicentin aceptaba sus granos violando los usos y costumbres regidos por el mercado.