JUSTICIA

22 - Feb -2022 - 13:34

ARMAS A BOLIVIA: Los gendarmes declararon que no hubo nada que justificara el envío de 70 mil balas por parte del gobierno de Mauricio Macri

Cerca de 20 oficiales de la Gendarmería Nacional de Argentina fueron citados a declarar como testigos en la causa que investiga el presunto contrabando agravado de municiones desde el país a Bolivia en el marco del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en diciembre de 2019 y durante el gobierno de Mauricio Macri. Ayer lunes, el juez en lo penal económico Alejandro Catania, comenzó con la ronda de testimoniales de gendarmes que estuvieron en el Estado Plurinacional. Si bien entre noviembre de 2019 y junio de 2020 hubo tres contingentes de esa fuerza de seguridad, el juez optó por arrancar por los dos últimos para después avanzar con las citaciones de los miembros del "Grupo Alacrán" (Gendarmería Nacional) quienes llegaron al Ato el 13 de noviembre de 2019 para luego trasladarse hacia La Paz. La primera ronda iría del 21 de febrero al 2 de marzo y tiene a los gendarmes destacados en Bolivia entre el 10 de enero y el 1 de marzo del 2020. La segunda será del 7 al 16 de marzo e incluye efectivos que estuvieron en La Paz entre el 28 de febrero y el 27 de junio de 2020. De acuerdo con la investigación interna de las Fuerzas, se conoció que las municiones llevadas a Bolivia no fueron utilizadas por el personal de Gendarmería que fue desplazado a ese país, por lo que se prevé que el juez obtenga la misma información como parte del expediente judicial. Ante Catania, declararon el alférez Alejandro González y los sargentos Jaime Olivera y Leonardo Benítez. Los tres fueron parte del último contingente. PUNTOS IMPORTANTES EN LAS DECLARACIONES Dijeron que arribaron en avión un de línea, a diferencia del primer contingente que viajó en un Hércules que proveyó la Fuerza Aérea Argentina; que todos pasaron por Migraciones; que viajaron con sus armas reglamentarias y vestidos de civil; que debieron hacer tareas de seguridad en la embajada argentina en Bolivia y en la residencia del embajador argentino –las dos propiedades están ubicadas a unas cuadras de distancia, no más de diez minutos si se hace el trayecto a pie; que cada gendarme tenía un arma primaria –escopeta– y una secundaria –una pistola–; que las armas se entregaron en la residencia del embajador. Allí se guardaban cajas con armamento en una piecita de 2x2 desde donde se monitoreaban las cámaras de seguridad; que cada integrante del contingente tenía su armamento con él; que o hubo entrenamientos ni prácticas de tiro –como ya había surgido en el sumario interno que hizo la Gendarmería–. Este punto es especialmente importante porque desmiente la versión que intentaron instalar jefes de la fuerza para justificar el faltante de las 70 mil balas; que con la policía y con las fuerzas armadas bolivianas, no tuvieron trato. Únicamente se saludaban con los efectivos policiales que estaban apostados en una garita fuera de la embajada o de la residencia; que volvieron con todo el material que tenían; que el retorno fue por tierra, vía La Quiaca. El envío de armas a Bolivia para apoyar el golpe contra el entonces presidente Evo Morales, se desató en julio del 2021, cuando se halló una carta fechada el 13 de noviembre de 2019 y en la que el entonces jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros Lara, le agradecía al embajador argentino Normando Álvarez García por la entrega de 40 mil balas antitumulto 12/70. En ese momento, el gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministro de Justicia, Martín Soria; de Seguridad, Sabina Frederic, y de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; denunció al expresidente amarillo Mauricio Macri por el contrabando del cargamento. Días después, la Policía boliviana anunció que había encontrado en un depósito 29.600 balas del mismo tipo con el logo de Fabricaciones Militares. Los cartuchos también habían entrado al almacén el 13 de noviembre de 2019, o sea, el mismo día en que los gendarmes argentinos llegaron a La Paz. Y las balas entregadas a las fuerzas golpistas en Bolivia habían sido compradas por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para ser utilizadas en la cumbre del G-20, que se celebró en la Argentina a finales de 2018.