POLITICA

16 - May -2022 - 5:59

KICILLOF RECLAMÓ LA NECESIDAD DE RECUPERAR LA SOBERANÌA FLUVIAL Y MARÍTIMA CON UN ESTADO PRESENTE

El viernes últimose realizó en la Estación Fluvial de Rosario la reunión del Consejo Federal de la Hidrovía, organismo consultivo y de debate sobre políticas de desarrollo para transporte fluvial presidido por el Ministerio de Transporte de la Nación y del que participan los gobernadores de todas las provincias con frente fluvial. Durante su paso por Rosario el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se opuso a que se realice una nueva concesión de la hidrovía y anunció su posición. El mandatario bonaerense reclamó que sea el Estado el que se quede con la administración del sistema troncal de navegación y contrate a las dragadoras bajo un esquema similar al de la obra pública. Las expresiones de Kicillof se dieron durante el acto en que se ponía en funcionamiento el Ente Nacional de Control y Gestión de la hidrovía cuya tarea, según el decreto presidencial que lo creó, es –precisamente- licitar una nueva concesión privada. El planteo dejó a la luz que un ente de control sea el que cobre tarifas a los usuarios (en este caso peajes a los barcos), una disposición que ya venía generando ceños fruncidos del sector empresario, pero puertas adentro. "Es bienvenido que se hable de sistema troncal de navegación y se la deje de llamar hidrovía" resaltó Kicillof y agregó que "es un cambio substancial que el Estado haya recuperado el cobro del peaje porque así hay más control y mejor dimensión de la ecuación económica que está en juego". Cabe recordar que en el 2021, al vencerse la concesión a la empresa Hidrovía SA, el Ministerio de Transporte le dio la concesión a la Administración General de Puertos (AGP) que se hizo cargo de la gestión de la vía navegable (y por ende cobrando el peaje a los barcos) contratando (y también licitando) a empresas privadas las obras necesarias para su mantenimiento; todo hasta que el Ente concrete una nueva licitación para un operador privado. Y si bien el objetivo era llegar para septiembre 2022 con la nueva concesión privada, recién en mayo se reunió por primera vez el consejo directivo del Ente. Se espera que para noviembre estén los pliegos con lo que la definición quedará para el 2023, año electoral. Por otra parte, el mandatario bonaerense aprovechó la oportunidad para insistir con la necesidad de arrancar con la construcción del Canal Magdalena, que sería un nuevo punto de ingreso desde el mar al sistema argentino "para conectar el complejo fluvial con el complejo marítimo, hoy separados". Cuando ya todos los oradores habían expuesto su posición, Kicillof volvió a pedir la palabra y se despachó contra una de las razones fundacionales del Ente: concesionar a un privado la hidrovía. "Nuestra postura es que no hay que ir hacia una nueva concesión privada. En la época en la que se concesionó se lo hizo porque por la magnitud de la obra y el financiamiento que demandaba era necesario privatizar la gestión y esa inversión que hace el privado luego se la recupera con el cobro del peaje. Esta etapa ya terminó. La obra, en su mayor dimensión ya fue realizada. La obra ya está paga. Hoy lo que existe es una vía navegable troncal sobre la que hay que realizar mantenimiento y ampliaciones, como dragados a puertos, ensanches, radas y ver la factibilidad ambiental de sumar unos pies de profundidad. Por eso hay que cambiar la lógica y no es corrector ir por una nueva concesión privada", resaltó el gobernador. "Hoy el esquema no debería ser de una concesión, debería ser uno en la gestión, administración y cobro de peaje sigue en manos del Estado y que se contraten por las obras puntuales a realizar a las empresas. Hay que dejar atrás la figura del concesionario y hablar del contratista privado. Esa es mi posición. El Estado ya recuperó el control y ahora lo tiene que mantener", insistió. La posición de Kicillof a favor de la recuperación de la soberanía fluvial y marítima argentina debe haber dejado con la boca abierta a más de uno que disimuló. La semana pasada fueron suspendidos más de mil trabajadores por la empresa que explota las terminales de Puerto Rosario, entre ellas Vicentin. Las inversiones privadas brillaron por su ausencia y con ello llegó la inestabilidad laboral. Tampoco se profundizó en el control de lo que entra y lo que sale y evitar el contrabando. Las fugas siguen siendo millonarias, sumado al narcotráfico. Por su parte, los medios, en absoluto silencio. En los dos últimos años las decisiones en contra de la soberanía nacional y a favor de las corporaciones extranjeras que se adueñaron del río, han sido reiteradas y se han profundizado tras los calamitosos años de gestión macrista. El manejo de las aguas, de los puertos debe ser una posición irrenunciable para la independencia de los pueblos.