JUSTICIA

08 - Oct -2020 - 7:47

LA JUSTICIA CONFIRMÓ QUE NO EXISTEN GRABACIONES DE LOS ARREPENTIDOS EN LA CAUSA DE LOS CUADERNOS

La conocida causa de "los cuadernos", que después no fueron cuadernos porque se habían quemado, pero se convirtieron en fotocopias; tuvo arrepentidos durante un tramo judicial que ahora no son arrepentidos pero lo son y no están las grabaciones que exige la ley. La fiscal Fabiana León envió un escrito a la Sala I de la Cámara de Casación confirmando lo que ya era esperable: no existen ni grabaciones, ni videos, ni registros de ningún tipo de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de las "fotocopias de los cuadernos". El único material que se pudo recabar son actas en las que constan las declaraciones firmadas por el arrepentido, sus abogados y el fiscal Carlos Stornelli; motivo por el cual se desconoce el verdadero contenido de cada una de las audiencias, se desconoce si hubo o no presiones por parte del poder judicial, se desconoce si los arrepentidos lo hicieron con absoluta convicción. Cabe recordar que ya hay varios que han expresado ante la justicia haber recibido presiones: "declará contra Cristina o dormís en el calabozo". La Ley del Arrepentido, exige claramente que las audiencias declaratorias deben ser realizadas bajo soportes de grabación y filmación. Ahora es la Sala I de Casación quien deberá resolver sobre la validez de las declaraciones, que constituyen una prueba central del expediente. La instrucción de la causa, había sido llevada adelante por el hoy fallecido juez Claudio Bonadio, de manera que convalidó lo hecho en su momento por el fiscal Stornelli, alineado con el macrismo y de estrecha relación con el ex presidente Mauricio Macri. Pero, ¿en manos de quién quedó la revisión?, en manos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados a la Cámara Federal sin acuerdo del Senado, sin sorteo alguno y puestos a dedo por el macrismo. La inexistencia de grabaciones, videos o registros viola en forma taxativa la exigencia de la ley que busca controlar la negociación entre un funcionario público (el fiscal) y una persona imputada.