POLITICA

25 - Apr -2023 - 7:25

IRON MOUNTAIN SE INCENDIA A DÍAS DE LA DENUNCIA DE LA PROCURACIÓN DEL TESORO POR EL ENDEUDAMIENTO MACRISTA CON EL FMI

El incendio desatado ayer lunes en el contrafrente del depósito de la firma Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, fue "circunscripto" y su extinción demandará "dos semanas", así lo informó el comandante de Bomberos de CABA, Gabriel Acosta. Mientras que en horas de la noche, se habían derrumbado dos paredes, una de manera parcial y otra total, sin reportes de daños personales. No está lejos el dolor. El depósito de la empresa se incendió en el año 2014 y dejó un saldo de diez víctimas fatales, ocho bomberos que cumplían con su labor y dos miembros de Defensa Civíl. La causa que investiga aquel primer siniestro, en el que se perdieron expedientes con documentación empresarial, había sido elevada a juicio tan solo diez días atrás y se encuentran imputadas 18 personas entre directivos de la empresa y funcionarios porteños. Entre la impunidad y la lentitud judicial, no son olvidables aquellas imágenes de la trágica mañana del 5 de febrero de 2014, hoy el mismo lugar, en las calles Azara y Benito Quinquela Martín, barrio de Barracas. Según el Ministerio de Seguridad porteño, "el fuego incursiona por el techo y la montante del depósito, en una extensión de 60 por 20 metros en forma irregular". Mientras que las llamas superaron los 15 metros de altura, tomando parte de la estructura del techo. Javier Moral, abogado de las familias de los fallecidos en 2014, afirmó que "la semana pasada presentaron un escrito ante el tribunal diciendo que habían encontrado vandalizado el inmueble". En el documento, se denuncia ante el tribunal que la empresa encargada de realizar tareas de desratización del depósito de Azara 1245 verificó "que el mismo se encontraba vandalizado" y por tal motivo reclamaron "las medidas pertinentes a determinar lo sucedido, sus responsables, así como los daños y faltantes". A su vez adjuntaron fotografías en las que se ve una oficina con escritorios, computadoras rotas y cajas de archivo desparramadas. El propio Moral había afirmado en 2021 que se estaba ante un "momento crucial" ya que la Cámara del Crimen había ordenado al juez de instrucción, Pablo Ormaechea, que "vuelva a hacer el fallo y describa las funciones de funcionarios, de directivos de la empresa y del vigilador". A nueve años de la tragedia, la jueza Fabiana Palmaghini elevó a juicio oral y público la causa por el incendio de 2014. Los funcionarios porteños imputados son: Rafael Roldán, Pedro Chapar, Luis Cogo, Roberto Chiesa, Silvia Hers, Gastón Laugle, Esther Moroni, Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Félix Lugo, Jorge Papanicolau, Norberto Ventura Sosa y Vanesa Berkowski, quien ya había sido procesada por el derrumbe del boliche Beara. De la empresa Iron Mountain están procesados los directivos Christian Castiñeiras, Héctor García, Guillermo Lockhart y Eduardo Sueyras Parra, y el vigilador Oscar Godoy. Hasta el momento, la investigación judicial sostiene que hubo falencias por parte del gobierno de Mauricio Macri en el control del funcionamiento del depósito de la empresa. La querella, por su parte, asegura que el incendio fue intencional. Entre otras cosas, denuncian que el empleado de seguridad apagó en nueve ocasiones el sistema de alarma que funciona para alerta temprana de incendios. Cabe destacar que Iron Mountain, la multinacional de capitales estadounidenses dedicada a la administración de delicada documentación empresarial, llevaba siete incendios en sus depósitos a nivel mundial, en cinco ocasiones fueron declarados intencionales. El analista político y Coordinador Nacional del Observatorio de la Riqueza, Guillermo Robledo, sospecha que el incendio desatado en el depósito ayer lunes, está relacionado con el 2014, porque sucede por segunda vez en un lugar "donde se guarda información clave para distintas causas judiciales, que involucra a ricos y poderosos". Robledo afirmó que "Iron Mountain se incendia y con el edificio los archivos de los bancos, a los 6 días de la denuncia del Procurador Del Tesoro Carlos Zannini sobre el endeudamiento de Mauricio Macri con el FMI, en base al informe público de Febrero 2023 de la AGN (Auditoría General de la Nación). La ley de probabilidades demuestra que los dos hechos tienen 98 por ciento de probabilidades de estar relacionados". Mientras que alertó que la cara del "capitalismo de mafia" que encarnan los poderosos, actúan de esta manera cuando temen que pueden ser descubiertos. En febrero de 2021, Gabriel Fuks (Secretario de Articulación del Ministerio de Seguridad de la Nación) pidió que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, quienes eran jefe de Gobierno y Jefe de Gabinete de la Ciudad cuando sucedió el primer incendio, sean citados por la Justicia. Aquel hecho se devoró documentación fundamental sobre lavado de dinero de empresas como el Banco HSBC, Cablevisión, IRSA, Pago Fácil y otras firmas vinculadas al entramado de negocios relacionados directamente con los gobernantes porteños de turno. Hervé Falciani, exempleado del Banco HSBC, había afirmado que hubo un ocultamiento de 4040 cuentas de titulares argentinos. El HSBC, cuyo presidente Gabriel Martino era el banquero preferido de Macri, tenía 46.528 cajas de documentos en Iron Mountain de las que perdió 26.326, más de la mitad. Según informó el propio HSBC eran el 4% de la totalidad de documentación que Grupo HSBC en Argentina. Sin embargo, las cifras no coinciden en los distintos informes presentados. Iron Mountain informó que las cajas afectadas fueron 26.326. El HSBC le informó al Banco Central que perdió 30.499 cajas y la PROCELAC recibió información de que fueron 30.732. Otra de las empresas que guardaba documentación del ex mandatario es Servicio Electrónico de Pago SA, nombre legal de Pago Fácil, empresa controlada por SIDECO, de la familia Macri. De las 18.150 cajas que tenía en el depósito, se le quemaron 6.585, el 36%. Pero cuanto más se tira del hilo, más se ve. El Banco Patagonia informó que de las 65.705 cajas que tenía en Iron Mountain se quemaron 57.015, el 86% y agregó que tampoco tenía respaldo de toda la documentación. Este grupo era investigado junto a JP Morgan, Merrill Lynch y el Grupo Estrada por lavado de activos, asociación ilícita, administración fraudulenta y publicación de balances falsos. La denuncia se había iniciado con los aportes del ex JP Morgan Hernán Arbizu, que en 2009 se autodenunció como ejecutor de maniobras de lavado y fuga de dinero para decenas de empresas pero que, ante la pasividad del juez Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuán en la investigación, terminó aceptando su extradición a Estados Unidos tras la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación.