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POLITICA

12 - May -2023 - 10:58

NOTIFICARON A PERSONAS PÚBLICAS SOBRE CONSULTAS IRREGULARES DE DATOS PERSONALES BAJO UN PROGRAMA USADO POR EL GOBIERNO PORTEÑO

NOTIFICARON A PERSONAS PÚBLICAS SOBRE CONSULTAS IRREGULARES DE DATOS PERSONALES BAJO UN PROGRAMA USADO POR EL GOBIERNO PORTEÑO

La Rueda


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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) notificó a personas públicas cuyos datos personales fueron consultados de manera irregular en el marco del programa de reconocimiento facial de prófugos utilizado por el Gobierno porteño que conduce Horacio Rodríguez Larreta. La extensa lista incluye a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Florencia y Máximo Kirchner, Sergio Massa, Estela de Carlotto, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Eduardo "Wado" De Pedro, Aníbal Fernández, Juan Grabois, Javier Milei, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, José Luis Espert, Eduardo Belliboni, Sergio Berni, entre otros/as. Entre los funcionarios judiciales, aparecen el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, el expresidente de la Cámara de Casación Alejandro Slokar, el camarista Roberto Boico, la fiscal Gabriela Boquín, la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, los fiscales Franco Picardi y Carlos Stornelli, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de CABA, Inés Weinberg, y Raúl Zaffaroni. También, el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, el policía de la Ciudad desaparecido hace más de cuatro años, Arshak Karhanyan, y otros dirigentes como Hebe de Bonafini, Andrés Larroque, Ricardo López Murphy, Facundo Manes, Gerardo Morales, Pablo Moyano, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. La PIA detectó que, con el sistema de reconocimiento facial previsto para buscar a unos 40 mil prófugos, se efectuaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires unas diez millones de búsquedas que no encuentran ningún tipo de justificación judicial. Las consultas fueron realizadas bajo pretexto de un convenio firmado entre el Gobierno porteño y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), cuando el Presidente de la Nación era Mauricio Macri y el ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D´Alessandro, hoy bajo la lupa judicial por tener relación con el viaje a Lago Escondido. Según lo establecido en ese convenio, la Ciudad "sólo podía efectuar consultas cuando desarrolle tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y durante la etapa de prevención e investigación de delitos de acción pública". Anoche, en la TV Pública, la exjueza federal de Zapala y subrogante de Bariloche Silvina Domínguez y el defensor oficial Pablo Marcovit, confirmaron que ellos también recibieron la notificación de la PIA sobre la presunta intromisión en su intimidad. Marcovit tuvo a su cargo investigaciones por delitos ambientales en la Patagonia y, para la época de los accesos a sus datos, se postulaba como candidato a camarista federal de General Roca. Domínguez tuvo a su cargo múltiples expedientes vinculados con la comunidad mapuche, ordenó al Estado Nacional que cediera terrenos en los alrededores de Bariloche y los escriturara a nombre de la representación de los pueblos originarios. Además, tuvo durante algunos meses la investigación por el viaje de jueces y fiscales a Lago Escondido por una presunta invitación de del Grupo Clarín. El titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, consideró que "el acceso/consultas a la base de datos del RENAPER por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados por lo que podría calificárselos de ilegales".


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