POLITICA

07 - Jul -2023 - 11:06

JUICIO POLÍTICO A LA CORTE: MAQUEDA NO SE PRESENTÓ Y SE AVANZÓ EN LA ACUSACIÓN, TAMBIÉN SE PIDIÓ 'HUELLA DE VOZ' PARA D´ALESSANDRO

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y Diputadas, presidida por la diputada Carolina Gaillard (FdT), inició ayer jueves el análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación. Las expectativas estaban puestas en analizar alguna respuesta del juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, por los 14 cargos que los diputados/as le adjudican por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). Pero el cortesano volvió a ignorar la cita que vencía ayer y ni siquiera presentó un escrito para defenderse de las imputaciones, por lo que el oficialismo avanzará en la acusación por mal desempeño. La titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, había dicho: "hoy estaba citado el juez Juan Carlos Maqueda", pero -aclaró- "no ha asistido, ni ha presentado un informe por escrito". Además, explicó: "Vamos a avanzar con la creación de una subcomisión interna para continuar con la investigación sobre las irregularidades de la Obra social judicial, conformada por tres miembros del oficialismo y dos miembros de la oposición". Una vez expuesta la no presencia de Maqueda, pasaron a abordar otra de las causales que abrieron el proceso a todos los miembros de la Corte: el fallo por la coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires. "Hay posibles causales de mal desempeño y vamos a determinar si ocurrieron o no", indicó Gaillard, en relación al conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. En respuesta, el diputado del Pro Pablo Tonelli manifestó que "el Poder Ejecutivo no ha cumplido la medida cautelar de la Corte Suprema respecto a este tema", mientras que su par Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) enfatizó: "Incumplir un fallo de la Corte es delito. Creo en el federalismo de la concertación". A continuación, expuso el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien en calidad de testigo se refirió al fallo desde la óptica del Estado nacional: "La postura nacional frente a los decretos que le asignaron un 3.75% y, posteriormente, un 3.50% de coparticipación a la Ciudad fue dejarlos sin efecto en función de su ilegitimidad". Además, el funcionario indicó que "los vicios se relacionan con que la CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y en el Convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad “no fue estimado el costo que podía representar la ejecución y el cumplimiento de esos servicios ni se estableció ningún mecanismo para establecerlo". Ante consultas sobre el cumplimiento del fallo de la Corte, dijo que "la procuración no fue consultada formalmente acerca del curso de acción a seguir en lo relativo al cumplimiento o no de esa sentencia cautelar" y aclaró que se "interpuso un recurso al que entendemos corresponde aplicarle un efecto suspensivo, conforme la ley de medidas cautelares porque la cautelar suspende una ley". "Hasta donde tengo conocimiento el Gobierno nacional informó que se ponía a disposición de la Ciudad, lo que tenía en sus manos disponible en ese momento eran Títulos. Es una situación financiera que me excede pero fue para demostrar a la Corte que se actuaba de buena fe", agregó el testigo. Por su parte, Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, testificó que las funciones de la unidad son "básicamente por indicación de la presidencia de la CSJN, realizar estudios sobre el impacto o los efectos que puedan tener trámites o decisiones que involucran al máximo tribunal en diversas variables económicas en términos de sentencia. Proveer de esos informes, solicitar información a los organismos pertinentes para realizar esos estudios". Ante consultas sobre quien solicita esos informes, el testigo respondió que se realiza "a través de la secretaria general de administración, los secretarios letrados solicitan estos informes". En el caso concreto del expediente que se trata en la jornada dijo que "no se le ha dado intervención a la unidad de análisis económico" que conduce. A su vez, expresó: desconozco los motivos" por los cuales no hubo intervención. "Brindamos información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad, en su momento, en calidad de director nacional de la Oficina de Presupuesto. La información fue de carácter presupuestaria", contestó respecto al convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad. Por mayoría del FdT se sumó a la solicitud del diputado Rodolfo Tailhade, quien pidió como prueba tomar una huella de voz de Marcelo D´Alessandro para confirmar si el renunciado exministro de Justicia y Seguridad porteño es quien en los chat filtrados de su celular mantenía una relación de connivencia con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Horacio Rosatti, quien le aconsejaba sobre la estrategia para que la Corte fallara a favor de la CABA. "Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis de investigación que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso", dijo el legislador, al tiempo que sostuvo la importancia de probar "la verosimilitud de estas filtraciones". Y agregó que "como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D´Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente", mientras dijo que la voz del exfuncionario porteño se podía extraer de reportajes televisivos y que "la Policía Federal se encargue de llevar adelante el peritaje. Cuando venga D´Alessandro, usted presidenta ordene a la División de la Policía Científica que venga a tomar la voz de él cuando declara". En la votación la balanza se inclinó para el lado de Tailhade. En la misma línea, se aprobó la iniciativa del diputado Marcelo Casaretto (FdT) para citar, tras las elecciones, al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López aseveró que "todos sabemos que las pruebas de los chats son ilegales y por eso consideramos su inadmisibilidad". Además, la diputada oficialista explicó: "Vamos a avanzar con la creación de una subcomisión interna para continuar con la investigación sobre las irregularidades de la Obra social judicial, conformada por tres miembros del oficialismo y dos miembros de la oposición". La Comisión continuará el martes 11 de julio a las 13hs. Se presentarán como testigos: Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación (BNA) y ex secretaria de provincias; Gabriel Astarloa, procurador del Tesoro de la Ciudad; Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios de la CSJN; y fiscales federales de Estado de las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Santa Cruz.