POLITICA

13 - Jul -2023 - 12:45

SENADO: EN JUNTOS POR EL CAMBIO SE HICIERON LA RATA Y SE CAYÓ EL TRATAMIENTO DE LA LEY JOHANNA Y DE 75 PLIEGOS DEL PODER JUDICIAL

En el día de ayer jueves, el oficialismo quedó en minoría, no consiguió quorum, y se cayó la sesión del Senado donde estaba previsto aprobar los pliegos 75 miembros de Poder judicial federal distribuidos en 14 provincias argentinas: entre ellos, un juez, un fiscal y un defensor para Rosario, y otro defensor para la ciudad de Santa Fe. Todos los pliegos contaban con dictamen de aprobación previa en la comisión de Acuerdos del Senado. La oposición y su brazo ejecutor, los medios de comunicación, fueron tras la jueza Ana María Figueroa para evitar que pueda renovar su mandato. Senadores y Senadoras bloquearon el tratamiento del pliego de la magistrada que buscaba extender su mandato luego de los 75 años de edad pero que se encuadra en lo constitucional. Juntos por el Cambio busca reconfigurar la composición de la Sala I de la Cámara de Casación, donde se decidiría una posible reapertura de la causa Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y su familia, causa que fuera cerrada en una instancia judicial anterior. El interbloque del FdT logró sentar a 34 miembros, quedando a tres de los 37 necesarios para poner en marcha la sesión. Toda la oposición se ausentó, incluida una fracción de cuatro senadores que se separaron del oficialismo en el inicio del año legislativo, en febrero pasado. Desde el FdT se ofreció llevar adelante la sesión, excluyendo el conflictivo pliego de Figueroa, pero la JxC no accedió. El senador por Santa Fe Marcelo Lewandowski lamentó la actitud opositora y expresó: "Siento indignación y dolor al ver que se sigue postergando la designación de jueces, fiscales y defensores". En tal sentido agregó: "vengo solicitando que, por favor, hagamos una sesión para aprobar estos pliegos rápidamente; lo necesitamos. Y hoy que tenemos sesión, no están los que tienen que aprobarlos. La única verdad es la realidad: Hoy, podríamos tener más fiscales y más jueces y sin embargo siguen postergando la nominación para que en Rosario tengamos posibilidad de defendernos. No hay mejor acto de campaña que aprobar lo que necesitamos en Santa Fe: jueces y fiscales". El presidente del interbloque oficialista, José Mayans, reclamó responsabilidad institucional y criticó a la oposición por hacer fracasar la sesión, en la que además se iban a tratar temas como la autorización de entrada y salida de tropas para la realización de ejercicios militares, "algo que nunca se le negó a ningún presidente constitucional. Hay que terminar con la oposición sistemática y negativa", reclamó el formoseño. "Si están en desacuerdo con algunos de los temas que se tratan, que bajen a trabajar y digan con cuál, con argumentos y fundamentos", desafió Mayans. A la vez, indicó que otros opositores "especulan, dicen que hay que esperar a que pasen las PASO, porque si dan quorum los medios los matan". Para Mayans, la mayoría de los pliegos "no tienen prácticamente impugnaciones", lo que hace inexplicable aún más las ausencias. Precisamente, el proceso de designación de funcionarios del Poder Judicial es complejo y lleva en este caso un promedio de cinco años de duración, desde que se inician los concursos en el Consejo de la Magistratura, pasan por la comisión de Acuerdos del Senado y llegan al recinto. "No se justifica la demora, porque hay una necesidad imperiosa de que la justicia funcione", concluyó el senador. También estaba previsto el tratamiento de la Ley Johanna contra la violencia obstétrica, ya con media sanción de Diputados en noviembre del 2022. Esta tiene por propósito establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. Es decir, aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La votación en la Cámara baja resultó con 216 votos afirmativos, mientras que hubo 1 en contra. El proyecto tiene su origen en el caso de Johanna Piferrer, quien es impulsora de la iniciativa. Piferrer fue víctima de violencia obstétrica en 2014, cuando en una ecografía de rutina se enteró que el corazón de su hijo ya no latía y ante la falta de protocolos para acompañar tal situación, fue obligada a parir en una sala de maternidad. Así, careció de cualquier tipo de contención psicológica o información sobre los procedimientos a los que fue sometida. Piferrer llevó su caso a la Justicia y logró que su denuncia fuera la primera en llegar a juicio en el marco de violencia obstétrica en el país. Junto a otras mujeres impulsaron el proyecto de ley que busca dotar a profesionales de procedimientos de actuación estandarizados. En la misma se indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley. Las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada, un trato respetuoso, individual y personalizado, tomar contacto con el cuerpo sin vida (teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo), tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso, como también recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de esta, entre otros.