JUSTICIA

05 - Oct -2023 - 8:05

SALTA: COMENZÓ EL 2do. JUICIO CONTRA EL EMPRESARIO MARCOS LEVIN ACUSADO DE TORTURA Y DESAPARICIÓN DE 17 GREMIALISTAS DURANTE LA DICTADURA

El Tribunal Oral Federal 1 de Salta comenzó un segundo juicio contra Marcos Levin, acusado de la tortura de 17 trabajadores gremialistas de la Veloz del Norte. Se trata de una causa emblemática, por ser el primer empresario condenado por su participación en la última dictadura cívico-militar. También llegaron a juicio procesados el ex jefe de personal de la firma, José Antonio Grueso, y Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de Salta. Durante la primera jornada de audiencia dieron testimonio familiares y testigos de las víctimas, además se leyó la síntesis del requerimiento de elevación a juicio de la querella. El fiscal, Carlos Amad, explicó que una dificultad podría radicar en que muchos de los testigos ya han fallecido y muchos otros ya no están en condiciones físicas para ir a declarar. En esta segunda causa, Levin está acusado por privación ilegítima de la libertad, cometida con abuso y agravada por violencia y amenazas en concursos real, con imposición de tormentos, con el agravante de ser las víctimas perseguidos políticos. En tal sentido indicó que la pena podría ir desde los ocho años hasta la cadena perpetua, pero todavía no está en condiciones de estimarla ya que recién se están realizando los alegatos. Marcos Levin pidió seguir la audiencia por zoom, pero la próxima semana estará presente en la sala de juicio. Víctor Manuel Cobos, fue el primero en dar testimonio relatando las circunstancias en las que fue detenido ilegalmente en enero de 1977. Contó que era conductor de larga distancia de los coches de La Veloz del Norte y que se desempeñarse como delegado en la empresa y en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Salta. Reveló que fue secuestrado con la excusa de una supuesta defraudación a la firma, denunciada por el propio Levin, en medio de un reclamo gremial por un aumento salarial. Agregó que estuvo meses junto al resto de sus compañeros en la Comisaría cuarta, donde fue torturado e interrogado sobre su militancia gremial y política. La querella sostiene que Levin participó de la represión ilegal por fuera de la estructura represiva del Estado con el objetivo de controlar los reclamos gremiales. Luego de realizar tareas de inteligencia interna para detectar a los trabajadores involucrados, presentaba denuncias penales acusando de supuestos "fraudes". El objetivo dar cobertura legal a la represión. Por el primer juicio, Levin fue condenado a 12 años de prisión y se convirtió en uno de los casos emblemáticos sobre la responsabilidad y participación empresaria en la represión ilegal de la última dictadura cívico-militar. En 2017, la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la condena, lo que provocó que organismos de derechos humanos lograran llevar el caso a la Corte Suprema. El máximo tribunal revirtió esa decisión en el 2022, y devolvió la causa para que se dicte una nueva sentencia.