POLITICA

14 - Dec -2023 - 19:08

LA LIBERTAD AVANZA HACIA LA REPRESIÓN. Bullrich presentó un protocolo para evitar la protesta social.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich enunció medidas para reprimir la protesta social y avasalló la Constitución Nacional. La intención es llevarla a la práctica la semana entrante cuando se cumplen 22 años de la sanguinaria matanza a los ciudadanos y ciudadanas que protestaban por las medidas de ajuste que planteaba el gobierno del expresidente Fernando de la Rúa. En una escalada represiva que recuerda a otras épocas, Bullrich advirtió que "si se toma la calle va a haber consecuencias... Este es un protocolo para el mantenimiento del orden público", un eufemismo para adelantar la represión social, que incluye la identificación "a los que estén encapuchados" en trenes, la detención y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa. Una verdadera estigmatización de la protesta social en medio de un brutal ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La ministra aseguró que "las cuatro fuerzas federales podrán intervenir si hay un delito flagrante" en la vía pública. Y agregó que "las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo en una rueda de prensa brindada en la sede de la cartera de Seguridad. También indicó que las fuerzas federales podrán intervenir "de manera inmediata" de acuerdo con "los códigos procesales vigentes", mientras que la fuerza utilizada será "graduada en proporción a la resistencia". "Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal", agregó. Lo que la coloca en una medida anticonstitucional ya que cualquier tipo de medida al respecto deberá ser modificada por el Poder Legislativo. Bullrich remarcó que el Gobierno tiene "una decisión tomada, la forma de pedir o buscar un beneficio social ya no es por la vía del corte. Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz", señaló. En tal sentido, recalcó que las fuerzas federales "van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal, sin importar que exista una vía alternativa". "Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos"... "También se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados", agregó. La funcionaria dijo que se va a trabajar en las estaciones de tren y ante aquellas personas que "vayan con palos, caras tapadas o cualquier otra forma de participar de una manifestación e intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad". En el caso de participación de niños y adolescentes "se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela", destacó. También planteó que "se va a crear un registro de las organizaciones que participan y se les enviará la factura por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargo del costo", sostuvo. Al presentar el protocolo, Bullrich indicó que "hemos vivido muchos años bajo un desorden absoluto que ha hecho que la gente no ha podido llega a su trabajo y ha tenido problemas. Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema. Lo que no queremos es cortes de calles y de rutas", afirmó. La ministra Bullrich Luro Pueyrredón, olvida que existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica y el derecho a esa protesta pacífica incluye el derecho a reuniones, a la libertad de expresión, el derecho de petición, de no discriminación, de libertad sindical y de huelga, entre otros tantísimos. La regulación del derecho a la protesta debe realizarse exclusivamente por una ley sancionada por el Congreso cosa que no sucedió. En ningún caso se puede prohibir la protesta y el Estado tiene la responsabilidad de no criminalizar ningún tipo de manifestación pacífica. El nuevo protocolo se conoce luego de que desde la conducción nacional de las organizaciones de izquierda, nucleadas en la Unidad Piquetera (UP), confirmaran que el próximo miércoles realizarán un "paro activo" en Plaza de Mayo, como respuesta a los anuncios del ministro de Economía, Nicolás Caputo. La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y con la renuncia del exmandatario radical.