El presidente Alberto Fernández no dudo en poner un punto a los reiterados fallos arbitrarios de la Corte Suprema y de los tribunales Federales. En un potente discurso durante la apertura de las sesiones ordinarias propuso generar un nuevo ámbito que se dedicaría a revisar las sentencias y contribuiría a mejorar el funcionamiento de la justicia. "El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Sus miembros, jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios, disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad", puntualizó el presidente. El Congreso tiene la facultad, la competencia de control, de revisar y remover a los integrantes de la Corte. Un tribunal de garantías con representación federal, a través de los gobernadores, estaría encargado de poner planos de igualdad sobre la mesa. Serán las provincias quienes participen, de alguna manera, de la justicia. Fernández, plantea un tribunal de 24 miembros, uno en representación por cada provincia, y a su vez dividido en ocho salas que se establecerían por sorteo, con el fin de evitar que se conformen de acuerdo a temas y composiciones predeterminadas. Por otra parte, cada gobernador debería presentar dos nominaciones, de un varón y una mujer. Y la conformación final se establecería de acuerdo al criterio de cupo por género. Es decir, que el tribunal estaría conformado por 12 jueces en igualdad de generos. El mandatario fue contundente en el mensaje y ejemplificó su posición recordando que "hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada lo afectara". Mientras los cinco miembros de la Corte Suprema seguían el discurso presidencial de forma virtual tras una pantalla y "atornillados a la silla", Fernández volvió a poner blanco sobre negro: "En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible. La relación corporativa que los vincula ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone". Ahora solo resta esperar la convocatoria a la totalidad de los gobernadores con el fin de acordar la representación en el tribunal, esto antes de enviar el proyecto desde el Ejecutivo al Congreso. Las provincias serán clave para el avance en la democratización de la justicia.
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